Proteger, formar y acompañar a las personas menores de edad en el mundo digital. Un reto compartido

Vivimos en una sociedad profundamente digitalizada, donde internet, redes sociales y dispositivos electrónicos forman parte del día a día, también para niños y adolescentes. Esta realidad abre grandes oportunidades, pero también plantea importantes riesgos, especialmente para los menores de edad. La ley reconoce su derecho a crecer en un entorno digital seguro y respetuoso con su dignidad y sus derechos fundamentales. Esto implica obligaciones claras para familias, centros educativos, administraciones públicas y empresas tecnológicas.

Un entorno digital seguro: responsabilidad de todos.

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece que los menores tienen derecho a desenvolverse en el entorno digital de forma segura, sin que se vulneren su intimidad, honor o imagen. Esta protección no es solo un principio legal, sino una necesidad social. Padres, madres, tutores y educadores deben acompañar a los menores en su uso de la tecnología, enseñándoles a utilizarla de manera crítica, responsable y equilibrada.

Además, las entidades que operan en internet (redes sociales, plataformas de vídeo, videojuegos, etc.) también deben asumir su responsabilidad. Esto incluye evitar la recogida de datos para elaborar perfiles de personalidad o dirigir publicidad manipuladora a menores, así como facilitar mecanismos de protección y denuncia.

Por su parte, los poderes públicos tienen un papel esencial: investigar el impacto de los entornos digitales en el desarrollo infantil, promover sistemas de verificación de edad, y garantizar formación adaptada para los menores, de modo que puedan ejercer con libertad sus derechos de expresión, participación y reunión también en el mundo virtual.

Riesgos reales que no se pueden ignorar.

Los menores de hoy, conocidos como "nativos digitales", manejan con soltura la tecnología desde muy pequeños. Sin embargo, esta habilidad no siempre va acompañada de la madurez necesaria para evitar peligros como el acceso a contenidos inapropiados, la desinformación o incluso delitos como el ciberacoso o el abuso a través de redes sociales.

El anonimato y la falta de supervisión pueden fomentar conductas dañinas o adictivas que afectan su desarrollo emocional, social y escolar. Por eso, es urgente educar desde una edad temprana en el uso saludable de la tecnología, fomentando el pensamiento crítico, el respeto a los demás y el autocuidado digital.

Acciones para un uso responsable de la tecnología.

Afortunadamente, ya existen medidas y propuestas concretas en esta línea. Algunas Comunidades autónomas han limitado el uso de móviles en los colegios, y se han elaborado informes expertos con recomendaciones como retrasar la exposición a pantallas antes de los 3 años o fomentar actividades al aire libre. También existen iniciativas de la sociedad civil, como "Adolescencia libre de móviles", y programas formativos como los Campamentos Digitales o el programa CODI, que ayudan a niños y jóvenes a adquirir competencias digitales de forma saludable.

Conclusión

La protección de la infancia en el entorno digital no es solo una cuestión legal, sino una responsabilidad compartida. Todos –familias, escuelas, gobiernos y empresas– debemos trabajar de forma coordinada para garantizar que los menores puedan disfrutar de las oportunidades que ofrece la tecnología sin poner en riesgo su bienestar, desarrollo ni dignidad. Educarles, acompañarles y protegerles es la clave para construir un entorno digital seguro, justo y humano. 

Autoría:

Carmen Camblor de Echanove 

Universidad Carlos III de Madrid 

Derecho Público del Estado Instituto Pascual Madoz 

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