Los derechos fundamentales que reconocemos en la vida offline son plenamente aplicables en internet. En otras palabras, aquello que no está permitido fuera de la red, tampoco debería aceptarse dentro de ella. Sin embargo, los entornos digitales presentan características específicas que requieren una adaptación de las garantías legales, de ahí que hayan surgido los llamados “derechos digitales”.
La transformación digital se encuentra supeditada a la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales, así como a la no discriminación o al libre desarrollo de la personalidad. En esta línea, el artículo I de la Carta de Derechos Digitales, siguiendo los estándares internacionales y desarrollando lo previsto en el artículo 79 de la LO 3/2018, insiste en que los derechos recogidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España deben protegerse efectivamente también en internet.
Para lograrlo, se han concretado estos “derechos digitales”, que adaptan los principios constitucionales a las peculiaridades de la comunicación online, un ámbito no previsto por el constituyente original y que demanda soluciones jurídicas novedosas. En España, aunque la Constitución no hace una referencia expresa a lo digital, el Tribunal Constitucional, en la STC 8/2022, confirma que su doctrina sobre derechos fundamentales se aplica también a la vida en línea, con las necesarias modulaciones por las singularidades del entorno digital.
Ante este reto, el legislador ha regulado estos nuevos derechos principalmente a través de los artículos 79 y siguientes de la LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sin olvidar iniciativas como el Plan de Acción por la Democracia (aprobado en Consejo de Ministros del 17/9/2024), cuyo objetivo es reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información. Este plan prevé, entre otras cosas, la aprobación de anteproyectos para actualizar la legislación sobre rectificación, medios digitales o acceso a la información.
España no actúa de forma aislada, sino que participa en las políticas de la Unión Europea destinadas a regular el entorno digital. Ejemplos de esta labor reguladora son el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento Europeo de libertad de medios de comunicación o el recientemente propuesto Reglamento de Inteligencia Artificial. Gracias a este marco común, se busca asegurar que los derechos fundamentales y libertades sigan plenamente vigentes en el entorno digital y que el uso de las nuevas tecnologías se desarrolle con responsabilidad, respeto y seguridad.
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