La digitalización de nuestros derechos
En Red.es somos más conscientes que nadie que la transición digital es un elemento que refuerza la economía del país y mejora la vida de las personas. Los datos del último informe de la Comisión Europea sobre el nivel de digitalización de los estados miembros, la Década Digital, destaca que España se encuentra por encima de la media europea en varios indicadores clave. Pero también es cierto que el progreso tecnológico puede poner en riesgo derechos fundamentales de la ciudadanía: desde acoso o estafas por medio de las Redes Sociales, incremento de la agresividad de la sociedad gracias a la difusión masiva de bulos o la pérdida de derechos de las personas mayores a medida que se digitalizan los bancos y desaparecen las sucursales. En un estado democrático y de derecho, la prosperidad y la salvaguarda de los derechos son elementos irrenunciables: los derechos se deben “digitalizar" como lo hace la economía o la sociedad.
En este contexto, se entiende la creciente importancia que adquieren los derechos digitales en nuestras vidas. El avance de las nuevas tecnologías exige una adaptación de los derechos ya existentes (la libertad, la seguridad o la igualdad, entre otros) a la nueva era digital. Ahora bien, ¿los derechos de las personas en un entorno físico son los mismos que en el entorno digital? ¿cómo vamos a legislar en este nuevo ecosistema? ¿lo que es efectivo en el entorno físico vale para el digital?
Ya se han dado pasos significativos en esta dirección. En el verano de 2021, el Gobierno de España publicó una “Carta de Derechos Digitales”, elaborada con la ayuda de un extenso grupo de expertos y expertas, en la que se recogen los derechos que se estimaba necesario incorporar. La Carta de Derechos Digitales no crea nuevos derechos, de hecho, no tiene carácter normativo, pues está sujeta al ordenamiento jurídico vigente. La Carta es un reconocimiento a la necesidad de intervenir en el espacio digital, adaptar los derechos a este nuevo entorno y proponer un nuevo marco de referencia para la acción de los poderes públicos con el objetivo último de acotar y erradicar todos sus riesgos. Así, se fundamenta en describir los escenarios digitales que confrontan con los derechos inviolables del individuo y los valores constitucionales, anticipar futuros escenarios ya predecibles y revalidar los principios y las políticas que se deberían aplicar en los entornos digitales en base a los derechos fundamentales.
En junio de 2024, Red.es organizó una primera jornada de reflexión sobre los derechos digitales con especialistas que debatieron y analizaron los riesgos existentes en el espacio digital, su identificación y las vías para poder limitar su impacto o eliminarlos. Y todo ello se desarrolló en un emplazamiento especialmente simbólico: Cádiz, cuna del constitucionalismo español. Los debates propiciados por los constitucionalistas abordaron la tarea de enmarcar y proteger los derechos y libertades de las personas en un mundo cambiante que dio como resultado la Constitución de 1812. Con ese mismo espíritu, la jornada gaditana quiso abordar los desafíos de un nuevo mundo, el digital, que se transforma a gran velocidad y exige a los estados tomar decisiones rápidas por medio de las cuales se preserven los derechos de la ciudadanía, sin frenar la capacidad de innovación y de desarrollo.
En esta misma línea, se ha creado el Observatorio de Derechos Digitales, un espacio de debate, difusión y divulgación para hacer llegar los avances, ventajas y retos que se presentan, así como las buenas prácticas que se deben ejercer en el espacio digital para que sus derechos no se vean mermados. Un foro dedicado a promover un ecosistema digital seguro, inclusivo y equitativo. Desde Red.es y el Observatorio de Derechos Digitales invitamos a la ciudadanía a ser parte de este movimiento hacia un futuro digital más justo y sostenible.