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Preguntas frecuentes
Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales se extienden al ámbito digital. Para garantizar su protección, en ocasiones se requiere modificar la legislación para adaptar o extender derechos ya existentes al entorno digital. Con el objetivo de asegurar que los derechos de la ciudadanía estén protegidos también en el entorno digital, el Gobierno ha impulsado la creación de un Observatorio de Derechos Digitales.
Forma parte del programa Derechos Digitales, una iniciativa liderada por el Gobierno de España y creada para impulsar el seguimiento, debate y difusión de los Derechos Digitales entre la ciudadanía y diferentes organizaciones públicas y privadas. El programa está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation EU. En este marco se crea el Observatorio de Derechos Digitales, un espacio abierto, inclusivo y participativo, creado para hacer llegar a la ciudadanía los avances, ventajas y retos en materia de Derechos Digitales y para promover las buenas prácticas.
Se ha creado para asegurar que los derechos de la ciudadanía estén protegidos en el entorno digital, impulsando la implementación de la Carta de Derechos Digitales. El Observatorio de Derechos Digitales quiere contribuir a combatir la desigualdad y la discriminación online, y favorecer que se adapte el marco jurídico a los retos tecnológicos actuales.
El Programa Derechos Digitales está compuesto por personas expertas en derechos digitales, representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales del sector tecnológico y jurídico. En total participan en su desarrollo más de 150 entidades (49 firmantes de diversos convenios en el marco del programa) y más de 360 personas expertas. El Observatorio de Derechos Digitales, uno de los emblemas de este programa, está formado por una veintena de estas entidades: la Fundación Hermes, Fundación ”la Caixa”, Fundación Telefónica, Fundación Atresmedia, Universidad San Pablo CEU, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación para la Repoblación Sostenible, Universidad Católica del Uruguay, Asociación Europea para la Transición Digital, Fundación Hiberus, Universitat de València Estudi General, Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA), Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Navarra, Fundación Diario de Navarra, Universidad de Comillas, Fundación Mobile World Capital Barcelona, y Red.es.
Las actuaciones serán financiadas mediante aportaciones económicas y en especie. La Entidad Pública Empresarial Red.es aportará hasta el 80% del importe total, alcanzando un máximo de 3.825.000 euros, cofinanciados en su totalidad por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, alineados con el Plan Nacional de Competencias Digitales. El 20% restante, valorado en al menos 956.250 euros, será aportado en especie por el grupo de entidades participantes. La financiación proviene de la aplicación presupuestaria nominativa establecida en la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Es un documento publicado por el Gobierno de España en 2021, que establece un marco de referencia para garantizar que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se protejan también en el entorno digital. La Carta busca adaptar estos derechos al mundo digital, reforzarlos y generar confianza en la sociedad frente a los cambios tecnológicos, sin crear nuevos derechos fundamentales sino adaptando los existentes a los nuevos desafíos.
Sí, los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales son plenamente aplicables en Internet. Los derechos se extienden al ámbito digital, garantizando que la ciudadanía tenga las mismas protecciones en línea que en el mundo físico.
Más que derechos nuevos, existen adaptaciones y extensiones de derechos ya existentes al entorno digital. Por ejemplo, el derecho a la desconexión digital, la protección contra la discriminación algorítmica, el derecho al olvido y el derecho a la herencia digital son evoluciones de derechos tradicionales adaptados a las particularidades del mundo digital.
Es fundamental proteger los derechos de menores y grupos vulnerables, garantizar el acceso igualitario para personas con bajas competencias digitales, cerrar las brechas digitales y salvaguardar la privacidad y seguridad en línea. También es importante proteger la libertad de expresión, el derecho a la información y asegurar que los algoritmos y tecnologías emergentes no discriminen ni vulneren derechos fundamentales.
A través de la implementación de legislación específica, políticas públicas y la promoción de prácticas responsables por parte de empresas y organizaciones. La educación digital y la sensibilización de la ciudadanía son clave en esta etapa, al igual que la colaboración entre gobiernos, sector privado y sociedad civil con el fin de asegurar que estos derechos se respetan y promueven en el entorno digital.
El Gobierno de España es pionero en la defensa de los derechos digitales. En verano de 2021 publica la Carta de Derechos Digitales y está adaptando su legislación para reforzar la protección de los derechos digitales, además de impulsar la creación del Observatorio de Derechos Digitales para promover su implementación y difusión. También se han dado pasos a nivel Europa, como la aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial, bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. La UE también ha implementado regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, además de publicar la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales. Estas iniciativas buscan proteger la privacidad, seguridad y derechos de los ciudadanos en el entorno digital.
Las actuaciones que se realizan en el marco del programa Derechos Digitales cuentan con un presupuesto de 10,83 M€ financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation EU. Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, aporta hasta el 80% del importe total y el 20% restante lo aportan en especie las entidades participantes.