Encuentro Los Derechos Fundamentales en los Entornos Digitales
La jornada inaugural estuvo a cargo de Francisco Pérez Bes, adjunto a la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quien destacó que los datos personales son “el uranio del siglo XXI”, un recurso estratégico que requiere una gestión responsable. Subrayó la necesidad de reconocer no solo derechos, sino también deberes digitales, y propuso elevar la edad mínima para el consentimiento en el tratamiento de datos personales de 14 a 16 años. Además, defendió la privacidad como motor de innovación y abogó por una protección reforzada para los colectivos más vulnerables, especialmente los menores.
El debate posterior abordó la coordinación entre la AEPD y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), así como los riesgos asociados al uso de datos biométricos. Se insistió en la necesidad de realizar evaluaciones de impacto antes de implantar sistemas que utilicen este tipo de información.
José Luis Piñar, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo y coordinador del encuentro, por su parte, propuso la creación de una Carta de Deberes Digitales jurídicamente exigible, y reivindicó el derecho a no ser digital como garantía de autonomía y dignidad en un mundo cada vez más condicionado por la tecnología. A su vez, el profesor de la Universidad de Vigo José Antonio Hernández Corchete, reclamó menos inflación normativa y más principios jurídicos claros que permitan ponderar intereses en el entorno digital.
La primera jornada centró el debate con una mesa redonda sobre seguridad, ética y transparencia, en la que intervinieron Mercedes Fuertes, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León; Mercedes Siles Molina, catedrática de Álgebra de la Universidad de Málaga y Alberto Díaz Romeral, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo. Fuertes reclamó una normativa global en materia de ciberseguridad, mientras que Siles alertó sobre los sesgos algorítmicos y propuso un sello de calidad para sistemas de inteligencia artificial. Díaz Romeral defendió la “autorregulación regulada” y recordó que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable.
La segunda jornada ofreció una perspectiva internacional, con intervenciones sobre los avances normativos en países como Panamá, Argentina y Portugal. María Arias Pou de APEP-IA expuso el caso panameño, que ha evolucionado desde la ausencia de normativa en 2016 hacia la creación de una autoridad de control. Argentina fue presentada como ejemplo positivo, con una legislación reconocida por la UE y avances en neuroderechos e inteligencia artificial responsable. Por su parte, Portugal ha aprobado una ley nacional que regula el acceso universal a Internet, la identidad digital y la resolución alternativa de conflictos.
El Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Juan Antonio Carrillo Donaire, analizó el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA), que clasifica los sistemas según niveles de riesgo y establece requisitos como la gobernanza de datos, la transparencia y la intervención humana. Señaló que la UE busca replicar el “efecto Bruselas” logrado con el RGPD, marcando estándares internacionales.
“Esta acción se ha realizado al amparo del Convenio suscrito entre Red.es del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la Universidad CEU San Pablo para el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales en la creación del Espacio de Observación de Derechos Digitales. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos NextGenerationEU”