Participación en el entorno digital

La participación ciudadana es más que un derecho, es una herramienta esencial para fortalecer las bases de una democracia moderna. Sin embargo, en un contexto en el que la tecnología está transformando todos los aspectos de la vida pública, es necesario replantearse cómo garantizar este derecho en el ámbito digital. Con esta visión, Red.es ha suscrito un convenio con la Fundación Hay Derecho, la Fundación Salvador Soler (Political Watch) y la Fundación Haz. El objetivo de este acuerdo es claro: impulsar la implementación de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito de los derechos de participación, adaptando las normas y prácticas tradicionales de la participación ciudadana a las nuevas realidades del entorno digital.

El convenio entre Red.es y estas entidades representa una respuesta a la necesidad de fortalecer la participación en un contexto cada vez más interconectado. El avance de la tecnología ha abierto innumerables oportunidades para que las personas se informen, expresen y colaboren en asuntos públicos, pero también ha generado retos en cuanto a la transparencia, la seguridad y la accesibilidad de estas plataformas. A través de este convenio, las instituciones colaboradoras trabajan para asegurar que cualquier persona, independientemente de su situación geográfica, edad o condición social, pueda ejercer plenamente su derecho a participar en el espacio digital. 

Los derechos de participación en el entorno digital abarcan desde el acceso a información pública hasta la libertad de expresión en plataformas en línea, y este convenio reconoce que la adaptación de estos derechos a la era digital requiere un enfoque innovador, inclusivo y colaborativo.

Uno de los objetivos centrales de esta colaboración es promover la transparencia y el acceso a la información pública en el entorno digital. La transparencia es fundamental para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas y participar activamente en los asuntos públicos. En el contexto digital, el acceso a la información debe ser inmediato, claro y seguro, y este convenio pretende facilitar este proceso. 

Para lograrlo, se están desarrollando herramientas y estándares de transparencia digital, que permitirán a los ciudadanos acceder a información pública confiable. Estas medidas incluyen la creación de materiales educativos, como guías sobre el derecho a la información en el entorno digital, que explican cómo y dónde acceder a datos públicos. Además, se elaborarán estándares para que la información ofrecida sea comprensible y accesible a personas con distintas capacidades y conocimientos tecnológicos, fomentando así una participación más inclusiva.

El derecho a la libertad de expresión es otro de los pilares de este convenio. En un espacio donde las plataformas digitales juegan un papel crucial en la difusión de ideas y opiniones, es fundamental que existan garantías para que las personas puedan expresarse sin miedo a la censura injustificada. Para ello, las entidades participantes en el convenio están trabajando en el desarrollo de recomendaciones y políticas que favorezcan un entorno digital en el que todas las voces puedan ser escuchadas. 

Parte de este esfuerzo implica promover el uso responsable de las plataformas digitales, alentando a los usuarios a difundir información veraz y confiable. También se están diseñando protocolos para la moderación de contenido que respeten la libertad de expresión y eviten la censura excesiva, mientras se combate la desinformación. Estas medidas son esenciales para construir un espacio digital en el que los ciudadanos se sientan seguros al expresar sus ideas y opiniones.

Una participación ciudadana diversa, plural y efectiva en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas juega un papel determinante en la capacidad colectiva para responder a los grandes desafíos -sociales, ambientales, económicos, convivenciales – que nos acechan como sociedad. 

La participación ciudadana, amplificada y mejorada por las posibilidades que brinda la tecnología y las plataformas digitales, fortalece el funcionamiento de las instituciones y de los procedimientos de nuestra democracia. Lo hace aprovechando de forma más eficiente el saber y la inteligencia colectiva en el ciclo completo de las políticas públicas; otorgando a los poderes públicos mayor legitimidad social para adoptar medidas y decisiones; garantizando más inclusividad y representatividad en los intereses y perspectivas que son tenidas en cuenta al diseñar esas políticas y fomentando valores y actitudes cívicos que son un eficaz antídoto contra la desafección ciudadana y la crisis de representación existente.

En esta línea, el convenio incluye el mapeo y análisis de las principales propuestas, análisis e innovaciones que se están llevando a cabo en el panorama local, regional, estatal e internacional en materia de participación ciudadana, empleando medios digitales y tecnologías disruptivas; así como espacios de encuentro, diálogo y debate entre los protagonistas de estas acciones. Aunque quizás el elemento más distintivo de este convenio en el ámbito de la participación ciudadana sea el diseño y desarrollo de dos proyectos pilotos elaborados junto a administraciones públicas para implementar el derecho de participación ciudadana mediante medios digitales en la toma de decisiones o en el diseño de servicios públicos.

Para que los derechos digitales de participación se implementen de manera efectiva, es necesaria la colaboración entre diferentes actores sociales. Por ello, este convenio fomenta la creación de redes de colaboración que reúnan a expertos, ciudadanos y partes interesadas en el desarrollo de una participación digital sólida y efectiva. Estas redes permiten compartir experiencias, identificar mejores prácticas y formular propuestas de mejora en torno a la participación ciudadana en el entorno digital. 

Además, se organizarán jornadas, talleres y seminarios donde ciudadanos, especialistas y representantes de la administración pública podrán debatir sobre los retos de la participación digital y explorar soluciones para hacerla más accesible. Este enfoque colaborativo no solo permite una mejor comprensión de los problemas actuales, sino que también facilita la creación de políticas inclusivas y adaptadas a las realidades del entorno digital.

El convenio también incluye la promoción de programas de formación en competencias digitales, con el objetivo de empoderar a los ciudadanos para que puedan participar de manera informada y efectiva en el ámbito digital. Estos programas estarán dirigidos tanto a la ciudadanía en general como a profesionales que trabajan en el sector público y con colectivos en riesgo de exclusión. 

El desarrollo de habilidades digitales es fundamental para que todas las personas puedan entender, utilizar y beneficiarse de las herramientas digitales de participación. Por ejemplo, a través de talleres de formación en el uso de plataformas de acceso a información pública, las y los ciudadanos aprenderán cómo interactuar con los sistemas digitales, fortalecer su capacidad para acceder a datos públicos y comprender cómo pueden influir en los procesos de toma de decisiones.

La colaboración entre Red.es, la Fundación Hay Derecho, Political Watch y la Fundación Haz marca un paso decisivo hacia un entorno digital en el que los derechos de participación sean accesibles para todos. La meta de este proyecto no es solo establecer un marco regulatorio, sino también asegurar que los derechos de participación en el ámbito digital se conviertan en una realidad tangible. Esto significa que cada persona, sin importar su situación socioeconómica, su nivel de acceso a la tecnología o su ubicación geográfica, pueda beneficiarse de un entorno digital inclusivo y seguro. 

La participación digital debe ser un derecho universal, accesible en igualdad de condiciones para todas las personas, y este convenio es un ejemplo de cómo las alianzas estratégicas pueden construir un espacio digital que promueva la inclusión y la equidad. 

“En una sociedad moderna, el derecho a participar en los asuntos públicos no solo debe preservarse, sino adaptarse y fortalecerse en el entorno digital. Nuestra responsabilidad es garantizar que cada ciudadano tenga las herramientas para ejercer este derecho en igualdad de condiciones,” afirma Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho. 

Este esfuerzo conjunto refuerza el compromiso de crear un entorno digital inclusivo, democrático y seguro, donde cada persona pueda ejercer sus derechos de participación sin barreras y con la confianza de que su voz será escuchada y valorada.