Derechos en nuevos entornos digitales

Hoy los derechos digitales se consolidan como un componente esencial para proteger a los ciudadanos en su interacción con la tecnología. Con este objetivo en mente, la Entidad Pública Empresarial Red.es y un grupo de instituciones han suscrito un convenio para promover la implementación de la Carta de Derechos Digitales en áreas clave de la vida digital. Este esfuerzo conjunto cuenta con la participación de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universitat de València, la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria «Marqués de Valdecilla», la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), la Universitat Rovira i Virgili y la Fundación Hay Derecho. El convenio, que se inscribe en el marco de la estrategia España Digital 2026, busca garantizar que los beneficios de la tecnología lleguen a todos en condiciones de equidad, seguridad y sostenibilidad. Para lograrlo, las entidades colaboradoras desarrollarán acciones enfocadas en derechos específicos dentro de ámbitos como la salud digital, la inteligencia artificial, la cultura y la sostenibilidad medioambiental. Cada institución aportará su experiencia y conocimiento para dar forma a una agenda digital inclusiva y respetuosa con los derechos fundamentales.

Uno de los pilares de este convenio es asegurar que la investigación y la innovación se desarrollen de una manera respetuosa con los derechos e intereses de los ciudadanos. Para ello, es fundamental incorporar los procedimientos y garantías adecuados. La incorporación a nuestra normativa del Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, explorado en profundidad en este ámbito, será un elemento clave en este sentido.

Con el objetivo de construir un sistema de salud accesible y eficiente, la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria «Marqués de Valdecilla» aporta su experiencia en innovación biomédica, asegurando que las personas puedan acceder a servicios digitales de salud de manera equitativa y universal. Este compromiso aboga por una medicina digital que integre y respete los derechos de los pacientes, facilitando la interoperabilidad y portabilidad de sus datos médicos.

La Carta de derechos digitales es muy completa respecto de la Administración y marca la hoja de ruta a seguir para una buena Administración digital, cada vez más inteligente y que promueva y respete los derechos de la ciudadanía. Un equipo de casi una quincena de investigadores de la Universidad de Valencia, a partir de un estado del arte y de la mejor selección de recursos sobre el tema, está elaborando un informe de situación y la propuesta de las mejores prácticas, normativa y políticas a adoptar en siete grupos temáticos contenidos en la propia Carta, a saber: Universalidad en el acceso a servicios públicos y relaciones digitales en igualdad y sin discriminación ni sesgos. No imposición de uso de la IA (I), Principios y mejoras de la Administración digital (II); Transparencia, explicabilidad y motivación en decisiones basadas en IA (III); Supervisión, control humano y reserva de humanidad en la automatización y uso público de IA (IV); Mecanismos preventivos de evaluación de riesgos y estudios de impacto por proveedores e implantadores de IA en el sector público (V); Órganos e instituciones de garantía de derechos digitales ante la Administración digital y que usa IA. Participación y colectivos en el uso público de la IA (VI) y sobre interoperabilidad, portabilidad y reutilización de aplicaciones y políticas multinivel para los derechos digitales (VII). Todas las propuestas van a estar revisadas por un Comité de 25 expertos de los más reconocidos en España así como de los actores responsables de la Administración digital de los diversos niveles del Estado, CCAA y entes locales.

Describir lo que realmente va a hacer la Fundación Hay Derecho: analizar las dificultades de los ciudadanos en su relación digital con la Administración Pública y Mapear el uso de los sistemas de Inteligencia Artificial dentro de la Administración Pública. Redactarlo de la forma más adecuada por parte de los responsables: Hay Derecho ha emprendido dos líneas de actuación esenciales para fortalecer la relación de los ciudadanos con la Administración Pública en el ámbito digital. En primer lugar, analiza las dificultades que enfrenta la ciudadanía en los trámites administrativos digitalizados, especialmente a raíz de la aceleración tecnológica que impuso la pandemia de 2020. Estas barreras, muchas veces exacerbadas por la obligatoriedad de la cita previa y los problemas técnicos de las interfaces, limitan el ejercicio de derechos fundamentales al dificultar el acceso a servicios básicos. A través de este análisis, la Fundación desarrolla propuestas para asegurar que los ciudadanos tengan alternativas accesibles y un soporte adecuado en sus interacciones con las administraciones. Por otra parte, Hay Derecho mapeará el uso de sistemas de inteligencia artificial en la Administración Pública, prestando especial atención a su transparencia y a los potenciales riesgos de errores o sesgos que puedan afectar los derechos ciudadanos, como el derecho a la igualdad. Este esfuerzo permitirá identificar y recomendar prácticas de transparencia en el diseño y uso de algoritmos, promoviendo una administración confiable y respetuosa de los derechos fundamentales en sus procesos de toma de decisiones.

El acceso a la cultura es otro de los derechos fundamentales en el entorno digital. EGEDA y otras entidades del convenio se enfocan en que la ciudadanía disfrute de un acceso inclusivo a contenidos culturales y artísticos, equilibrando los derechos de propiedad intelectual y la libertad de creación en el espacio digital.

La Universitat Rovira i Virgili aporta su experiencia en el campo de la sostenibilidad para garantizar que el uso de las tecnologías ambientales sea responsable en relación con el uso de los recursos y la generación de residuos. Las políticas que se promueven en este convenio buscan reducir el impacto socioambiental de la transición digital, incidiendo tanto en el ciclo de materiales, desde la preocupación por las condiciones en que se produce la extracción de las materias primas hasta el cuidado en la generación y gestión de los residuos, como en el ciclo energético, tanto en relación con los dispositivos como en relación con las redes, los servidores y los centros de cálculo. El objetivo es generar una transición justa y sostenible desde la responsabilidad de todos los actores y con el horizonte de conseguir una sociedad digitalizada resiliente.

Este convenio representa un esfuerzo colectivo para construir un futuro digital que respete los derechos fundamentales, promueva la equidad y fomente la sostenibilidad. A través de la colaboración entre Red.es y entidades de gran relevancia en áreas clave de la vida digital, se trabaja para que los derechos digitales sean una realidad tangible para toda la ciudadanía. La implementación de la Carta de Derechos Digitales en sectores tan esenciales como la salud, la cultura, la inteligencia artificial y la sostenibilidad medioambiental es un paso fundamental para garantizar que la transformación digital en España esté orientada al bienestar común, protegiendo a las personas en cada aspecto de su interacción con la tecnología. Iñigo de Miguel Beriain, Investigador Distinguido de la UPV/EHU, subraya la importancia de esta iniciativa: “La protección de datos no es un obstáculo a la innovación; al contrario, una política clara y respetuosa puede incentivar la investigación y construir la confianza necesaria en el entorno digital. Solo mediante la implementación práctica de estos derechos, lograremos un entorno digital ético, equitativo y confiable para todos”.